Posted : May - 17 - 2013 @ : 12:01 am | Filled under:
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Argentina Mendoza.- 17 de Mayo de 2013 www.zonadeazar.com Leemos en el Diario El Sol una nota que lleva la autoría de Jorge Hirschbrand con la información que publicamos a continuación.
La renegociación del contrato por las tragamonedas que benefició al grupo Vila-Manzano fue una de las tantas irregularidades que muestra el Tribunal de Cuentas. Los puntos oscuros en el funcionamiento del Instituto Provincial de Juegos y Casinos van más allá del contrato que benefició a la empresa del grupo Vila-Manzano (Mendoza Central Entretenimiento) con la prórroga y el aumento desmedido del canon de ganancia en la concesión de las máquinas tragamonedas. La auditoría realizada luego del Ejercicio 2011 por el Tribunal de Cuentas muestra una serie de irregularidades y cuestionamientos que, tal como reconoció el actual presidente del organismo, Carlos Bianchinelli, en algunos casos tienen que ver con falta de información y precisión contable y, en otros, con conductas que están siendo observadas e investigadas puertas adentro.
Las observaciones recaen directamente sobre las gestiones en las que el Instituto estuvo bajo la conducción de Daniel Pereyra, primero, y Nidia Martini, después. Y si bien los auditores son precavidos a la hora de señalar cuáles son los asuntos cuestionables, dejan en claro quiénes son los responsables directos de los desmanejos que fueron advertidos. En la lista, casi como un denominador común, y además de los máximos funcionarios, también aparece la vista puesta sobre el contador general del Instituto, Gonzalo Jerez, y el síndico, Ítalo Della Gaspera.
El primer hecho que se destaca en el informe es el llamado de atención por la inexistencia de un sistema propio del Casino para controlar el dinero que ingresa a través de las tragamonedas. Se trabaja exclusivamente con un cuerpo de fiscalizadores –que sólo cuenta con la información que suministran las empresas concesionarias– y no hay ninguna posibilidad de hacer cotejos y comparaciones con datos propios. Es una cuestión de confianza ciega, en donde el privado aporta los datos y al Estado no le queda otra que creer y dar fe de lo que allí está ocurriendo.
Es un tema sensible, especialmente luego de la polémica que se desató por la ampliación y renovación del contrato que el Instituto, bajo el mando de Pereyra, armó con la empresa MCE, titular de todas las maquinitas del Casino Central.
De manera inconsulta y sin llamar a licitación pública, se decidió continuar con el prestador y llevar su porcentaje de ganancia, escalonadamente, de 26% a 47%. Es decir que, en la actualidad, MCE informa cuánta plata entra en las tragamonedas y de allí se hace el pago correspondiente, sin que el Instituto tenga la capacidad de confrontar esos números.
Existe un plan para paliar esta situación. Hace unas semanas se convocó a un especialista para que estudie las instalaciones del Casino Central y de los anexos departamentales para implementar un sistema que aporte información online y en tiempo real.
El informe del Tribunal de Cuentas es contundente en cuanto a las desprolijidades contables. Hay diferencias millonarias en el análisis de algunas cuentas, aunque nadie se anima a decir que se trate de un desfalco. Lejos de eso, desde el interior del organismo aclaran que eso es producto de años y años de conductas poco apegadas al registro y al control exhaustivo de las finanzas.
Por eso no es la primera vez que una auditoría a los números del Instituto arrojaba tanta cantidad de planteos. Una de las personas que trabajó en el informe que aparece en el expediente 305-A-2011 reconoce que no es usual encontrar llamados de atención tan groseros, pero en el caso del Casino se vienen acumulando desde hace años.
De hecho, entre las fojas 1.417 y 1.430 hay, aproximadamente, cien observaciones que provienen de ejercicios de años anteriores y de las cuales cerca de 90% no han cumplimentado los requisitos impuestos por el Tribunal. Allí se puede ver desde contratos poco claros de publicidad hasta la falta del arqueo de caja luego de un asalto en el anexo de Tunuyán.
Hay operaciones que sí están siendo observadas en la administración del Instituto y que aparecen en la auditoría. Una de ellas es la compra de un sistema de aire acondicionado a fines del 2011 para proseguir con las tareas de remodelación y refuncionalización del Casino Central. En ese momento, Pereyra autorizó una operación directa a una empresa llamada Ingeniería Termomecánica Priolo, cuyo presupuesto original en setiembre de ese año había sido de 835.202,50 pesos (IVA incluido).
Debido al supuesto atraso que se iba a producir en la obra, Asesoría Letrada autorizó la adquisición directa porque no había tiempo para un llamado a licitación. Y, para cumplir con este proceso tal como indicaba el reglamento, se solicitaron otros dos presupuestos.
Con una diferencia de apenas un mes, Ingeniería Termomecánica Priolo cotizó su equipo de aire acondicionado 125 mil pesos más caro, exactamente 15% por ciento más. Los otros dos presupuestos superaron el millón de pesos y el negocio quedó a manos de la primera empresa, acercado por el arquitecto Gabriel O’ Donnell y que había obtenido el visto bueno de Pereyra.
Para los contadores del Tribunal de Cuenta hay dos puntos que no se logran aclarar. Primero, ¿por qué Ingeniería Termomecánica Priolo aumentó considerablemente su precio? Segundo, ¿por qué no se hizo un llamado a licitación si desde julio de ese año se sabía que había que comprar un equipo de refrigeración? Como dato adicional se señala que en ningún lugar del expediente de esa operación constan las características técnicas y especificaciones del equipo que debía adquirirse.
A eso se agregan las dudas sobre la contratación de un servicio para la colocación de plasmas en el Hipódromo de Mendoza y algunos aspectos a aclarar en los pagos y servicios concedidos a la empresa de catering Cuyo Cargo SA.
También aparece un destacado sobre una licitación pública para el servicio de limpieza, de la cual surge una diferencia de aproximadamente 500 mil pesos entre lo que estaba autorizado a pagarse y lo que finalmente se abonó.
Pero, sin dudas, la vedet del expediente del Tribunal es el contrato de renegociación que la gestión de Pereyra hizo con una firma del grupo Vila-Manzano. No existe un solo aspecto a favor de la decisión tomada y avalada también con el visto bueno del fiscal de Estado Joaquín de Rosas, actualmente suspendido y bajo proceso de Jury de Enjuiciamiento, casualmente, por beneficiar a una empresa de la familia Vila.
Hay dos críticas que son clave. Según los auditores, sí o sí, se debió haber llamado a una nueva licitación pública porque se cambiaron absolutamente todas las condiciones del contrato que estaba vigente. Por lo tanto, no había por qué suponer que la mejor opción iba a ser Mendoza Central Entretenimiento. No sólo se modificó el canon de ganancia para el sector privado, sino que se incluyó la adquisición de nuevas tecnologías, la realización de obras y la explotación del restaurante, el bar y la confitería.
A eso se agrega la inestabilidad de los argumentos esgrimidos en sus informes por quien era gerente de Tragamonedas, Ricardo Rodríguez. Básicamente, había dicho que la necesidad de encarar este proyecto tenía que ver con la potencial pérdida de mercado frente a la competencia de las salas de juego privadas. Según el Tribunal, nunca se aportó un dato duro que permitiera vislumbrar tal teoría, y no fue más que una estimación sin fundamentación documental.
Los responsables de esa operación fueron, para los auditores, las siguientes personas: Daniel Pereyra (presidente de ese momento), Juan Manuel Nasif (director), Esteban Navarro (director), Horacio Miguel (gerente general), Ricardo Rodríguez (gerente de Tragamonedas), Gonzalo Jerez (contador general) e Italo Della Gaspera (síndico).
Con el contrato consumado aparecieron nuevas irregularidades. A pesar de que MCE no cumplió en tiempo y forma con las obras que debía hacer para cobrar la suba del canon, igual se le pagó el aumento. No existen documentos que certifiquen que el Instituto controló e inspeccionó las inversiones en obras que debía hacer la empresa; MCE presentó comprobantes en fotocopia que no fueron visados por los responsables del Instituto, y, además, casi como una nota de color, aparece una factura por 12.000 mil pesos a favor de un arquitecto llamado Eugenio Ferreyra: lo llamativo es que la factura tiene fecha del 30 de mayo del 2011 y la renegociación del contrato se llevó adelante el 18 de julio de ese año.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
